Desinformación

Por: Magalí Rey Rosa
magalireyrosa@saviaguate.org
Guatemala, 30 de abril de 2010
Fuente: http://www.prensalibre.com/opinion/Desinformacion_0_253174767.html

Hoy vence el plazo que fijó el presidente Álvaro Colom con las organizaciones ambientalistas para tomar una decisión entre respetar la ley y velar porque la devolución del Parque Nacional Laguna del Tigre, tras 25 años de explotación petrolera, se haga correctamente —dejando el área limpia— o prorrogar y ampliar la explotación petrolera dentro del área protegida, lo cual es ilegal y atenta contra el futuro de los seres humanos, tan vulnerables ante las variables climáticas que está produciendo el desequilibrio ecológico planetario.

La ciudadanía guatemalteca tiene poca información real sobre los aspectos legales, ambientales, económicos y sociales de este caso. Pero desde hace varios días está siendo bombardeada por una bien orquestada campaña de desinformación alrededor del tema. El esfuerzo para confundir a la población empieza por la burda caricatura que se hace de la zona como un área de devastación total; destrucción de la que se culpa —no sin cierta dosis de razón— a los ganaderos, a los narcotraficantes, a los madereros y a los campesinos que han llegado a poblar el área protegida en los últimos 20 años, mientras se ignora convenientemente la responsabilidad de la petrolera y la contaminación que esta provoca cotidianamente.
La única vía de penetración a aquella remota región es la carretera que se abrió para la explotación petrolera; y fue la compañía la que controló el acceso al parque nacional y permitió y alentó la llegada ilegal de colonos al área. Ante el argumento de que el área está destruida, aclaramos: el área protegida está dañada, tal vez en un 30 por ciento, pero no irreparablemente. Esos ecosistemas pueden recuperarse; pero también podrían dañarse irreversiblemente si se mantiene y amplía la explotación petrolera, con un accidentito como el del Golfo de México, por ejemplo. La campaña de desinformación aumentó cuando los alcaldes de algunas municipalidades de Petén e Izabal publicaron un campo pagado de apoyo a la prórroga y ampliación del contrato 2-85. Y subió de tono cuando, esta semana, corrió el rumor de la renuncia del ministro de Ambiente. Eso sucedió hace varios meses; tenemos que preguntarnos entonces por qué ahora nos la presentan como noticia nueva, precisamente cuando el ministro sale de viaje y no puede desmentir los rumores. La posición de Ferraté ha sido inequívoca: él no va a avalar una ilegalidad con su firma. Toca preguntarse por qué el presidente Colom aseguró en su programa de radio que lo que sucede es que él se quiere dedicar a otro rollo: el cambio climático. Absurdo el planteamiento del presidente, porque no hay mejor posición para hacer algo respecto del cambio climático que la del ministro de Ambiente.
A juzgar por la encuesta publicada por Prensa Libre hace algunas semanas, y por las diferentes manifestaciones de la sociedad civil, la mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos nos oponemos a la violación de nuestras leyes para favorecer intereses petroleros. Aunque creyéramos que la destrucción de una de nuestras más importantes áreas protegidas se justifica por dinero, con el récord de corrupción y de impunidad que ostenta nuestro país, a los guatemaltecos nos es prácticamente imposible creer que los recursos que se obtengan de la prórroga y ampliación del contrato 2-85 van a favorecer los intereses de la mayoría de la población. Pero no caigamos en la trampa de creer que el argumento económico es el más importante, porque un bien como Laguna del Tigre no tiene precio y nosotros tenemos la obligación de mantenerlo para las generaciones del futuro, que seguramente no beberán petróleo.