¡Ilegal!

Por: Magalí Rey Rosa
magalireyrosa@saviaguate.org
Guatemala, 5 de marzo de 2010
Fuente: http://www.prensalibre.com/pl/2010/marzo/05/377975.html

Ahora sí se puso la cosa color de hormiga para el gobierno de Álvaro Colom. Porque a la debacle que genera el constante cambio de ministros, la desconfianza ciudadana por el manejo de fondos y la imparable ola de violencia, se suma un problema grave: el enfrentamiento de dos ministros, por un tema de por sí escabroso: la explotación petrolera en un área protegida.
Los argumentos que esgrime el ministro Meany para defender la prórroga del contrato 2-85 en el área protegida Laguna del Tigre son económicos; y tendrían un peso enorme si se pudiera creer que estos fondos servirían para beneficiar a la población guatemalteca; si hubiera garantía de que se invertirían en educación, salud y oportunidades para esa gran mayoría de ciudadanos empobrecidos y excluidos. Meany dice que el Estado ha recibido —entre 2002 y 2009— Q7 mil millones de la explotación petrolera. ¿Ha mejorado ese dinero la calidad de vida de los guatemaltecos más necesitados, sobre todo de las comunidades peteneras afectadas por las actividades de extracción? ¿Ha servido ese dinero para proteger el Parque Nacional Laguna del Tigre? ¿O, es que es “de ahora en adelante” veremos cómo, milagrosamente, el pequeño porcentaje (las regalías son del orden del 6 por ciento) que se obtiene por explotar nuestro petróleo sí va a beneficiar a la población? El chantaje está planteado. Si se “pierde” esta oportunidad, se pierden fondos… ¿para quién? Meany amenaza con renunciar. Perdón, pero entre la corrupción, la avaricia y la ambición que han prevalecido entre la mayoría de los funcionarios públicos en las últimas décadas, hablar de millones de quetzales más para el Estado es equivalente a meter más queso en la ratonera. Nadie se opone a que los fondos que recauda el Estado se destinen a atender problemas sociales, pero una condición sine qua non es la transparencia. ¿Aló? El contraargumento es ambiental: el costo de perder un humedal tan importante como Laguna del Tigre es inconmensurable. Por una ganancia inmediata para el Gobierno se perdería para siempre un patrimonio que nos pertenece a las generaciones de hoy y de mañana, indispensable para que tengamos condiciones para enfrentar el cambio climático.
Ese tipo de argumento, me temo, jamás lo van a entender los políticos. Pero el ministro Ferraté es científico y no va a perder su integridad: prorrogar ese contrato petrolero es ilegal. Laguna del Tigre es parque nacional y área núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya (la categoría más estricta de protección, donde, según la ley, “es prohibido realizar cualquier acto que lesione la vida o integridad de la fauna y…flora silvestre”), es humedal de importancia planetaria (es sitio Ramsar) y —como cualquier área protegida, es patrimonio inalienable de todos los guatemaltecos—. Pocas áreas tienen un blindaje legal de protección tan completo. Esa concesión para explotar petróleo vence en agosto y, según la misma ley de Hidrocarburos, no se puede prorrogar. Aquí nadie, ni el presidente, es superior a la ley. Entendemos que el Gobierno necesita recursos: podría nacionalizar la extracción petrolera conforme van expirando los contratos, e ir cambiando paulatinamente a las transnacionales y sus socios nacionales —que se han beneficiado de nuestro petróleo hasta ahora— por operadores profesionales que no pretendan quedarse con 94 por ciento de la ganancia. Pero jamás debemos permitir la explotación petrolera en áreas protegidas, porque de ellas dependerá nuestra supervivencia en el futuro.